El 'Decreto influencer' afectará a 900 creadores y obligará al resto a la autorregulación

Menos de mil personas serán consideradas "de alta relevancia" bajo los criterios del 'Decreto influencer' recietemente aprobado por el Gobierno: deberán registrar ingresos mínimos anuales de 300.000 euros; superar el millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en el conjunto de su actividad; y publicar 24 vídeos o más en un año.

Los datos, extraídos de la herramienta Tubular Labs, que analiza a los creadores de contenido españoles en YouTube, Instagram, Facebook, Twitch y TikTok, indican que los seleccionados son menos del 10% de los influencers profesionales en España —aquellos que logran ingresos suficientes como para poder vivir de ello— y sólo el 1% del total de los creadores de contenido del país.

Dentro de ese reducido porcentaje no sólo se encuentran personajes del mundo de las redes sociales, las plataformas digitales o la moda. También deberán regular su situación personas provenientes del mundo de la música, como Rosalía (28 millones de seguidores); de los deportes, como Sergio Ramos (63 millones de seguidores); o de la interpretación, como Ester Expósito (26 millones de seguidores).

Todos ellos deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales. Posteriormente, estarán ya obligados a cumplir con la normativa en materia de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual, lo que incluye identificar los espacios publicitarios o no hacer publicidad de tabaco, medicamentos o alcohol, entre otras obligaciones. "Es decir, sus obligaciones se homologarán con las del resto de agentes audiovisuales", inciden desde el Gobierno.

El Real Decreto excluye al mayor grueso de los influencers en España: aquellos con más de 100.000 seguidores pero menos de un millón y se centra solamente en los mega creadores de contenidos. Para el 90% prevalecerá la autorregulación: no estarán obligados a notificar contenidos publicitarios ni tampoco hacer distinciones de edad.

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Quiénes son

De las aproximadamente 900 personas que tendrán que cumplir con las obligaciones del Gobierno de España, hay algunos perfiles que destacan por encima del resto. De ellos, algunos ingresan hasta 10.000 euros en concepto de publicidad por publicación, como es el caso de la actriz Paula Echevarría, según información de un estudio de Influencer Marketing Hub.

Ibai Llanos (País Vasco, 1995) cuenta con más de 12 millones de seguidores en su canal de Twitch. Marta Díaz, influencer de moda, tiene 3,4 millones de seguidores en Instagram y 5,3 millones de seguidores en TikTok. Georgina Rodríguez (Aragón, 1994) acumula 59 millones de seguidores en Instagram. Aida Domenech (Cataluña, 1989), más conocida por el nombre artístico Dulceida, es una bloguera e influencer que supera los tres millones de seguidores en Instagram y que factura 8.000 euros por cada publicación en su perfil de Instagram.

Manuel Ríos Fernández (Castilla-La Mancha, 1998) es un actor con más de 11 millones de seguidores en su Instagram. Lola Moreno (Comunidad Valenciana, 2002), conocida como Lola Lolita, cuenta con 3,6 millones de seguidores en Instagram y 12 millones de seguidores en TikTok. María Pombo (Madrid, 1994) es considerada la estrella de Instagram española, conocida por publicar contenido sobre moda y viajes. Tiene más de 3 millones de seguidores y posee varias marcas de ropa: ella también cobraría aproximadamente 7.500 euros por cada publicación.

Pero de los que tendrán que rendir cuentas al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de Jose Luis Escrivá no todos son 'tan conocidos' fuera del ámbito de las redes sociales. Julia Menu García (Andalucía, 1990) es la mujer española con mayor número de seguidores en TikTok, con una cifra que supera los 25 millones. En la actualidad, ya ha superado el billón de "me gustas", principalmente en vídeos de humor que hasta ahora no tenían que pasar un filtro de edad ni indicar contenidos publicitarios.

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Sanciones

Ahora será obligatorio. Si no lo hicieran, se enfrentarán a multas que pueden ir desde los 10.000 euros hasta los 750.000 euros en función de la gravedad de la infracción cometida y de los ingresos que genere el prestador del servicio sancionado, según lo recogido en la Ley de Comunicación Audiovisual. 

El texto, aprobado hace casi dos años, establece que el incumplimiento en un período ininterrumpido de un mes de las obligaciones establecidas en el artículo 94 por parte de los usuarios de especial relevancia será considerado una "infracción grave". El resto de infracciones serán consideradas de carácter leve. 

Para las infracciones graves, la Ley establece multas que van desde los 30.000 euros para aquellos servicios con ingresos inferiores a los dos millones de euros hasta el 5% de la facturación devengada en el ejercicio anterior (con un máximo de 750.000 euros) para los que facturen más de 50 millones de euros. 

Entre medias hay otros dos rangos: sanciones de hasta 150.000 euros si los ingresos anuales del usuario de especial relevancia están entre los dos y los diez millones de euros y de hasta 300.000 euros si la facturación anual se sitúa entre los diez y los 50 millones de euros.

Por su parte, las infracciones leves serán sancionadas con multas de 10.000 euros en el caso de los servicios que facturen menos de dos millones de euros y del 5% de los ingresos con un máximo de 150.000 euros para los que ingresen más de 50 millones de euros anuales, según información de Invertia. Hasta ahora, ninguno de estos influencers han reaccionado públicamente al inminente cambio que deberán cumplir en sus cuentas próximamente.